La estrategia de Javier Milei fue firme y generó la ira de los gobernadores. Sumidos en la escasez de recursos, la mayoría espera ansiosamente que el Presidente cumpla con el compromiso que asumió semanas atrás en Casa Rosada: revertir el Impuesto a las Ganancias para mejorar las recaudaciones provinciales. Contrariamente, y en concordancia con la consigna de "todo o nada", Milei no está dispuesto a avanzar con esa reforma hasta que se apruebe el extenso paquete de medidas que envió al Congreso. "No nos dejaremos extorsionar", respondió indignado Ricardo Quintela. El gobernador riojano expresó en público lo que Juntos por el Cambio denuncia en privado; que el oficialismo está aprovechando la acuciante situación financiera de las provincias para obtener respaldos legislativos.
El principal reproche de los dirigentes de Juntos por el Cambio es que no hay un diálogo directo entre los gobernadores y la Casa Rosada. Aseguran que están dispuestos a respaldar muchos de los artículos de la Ley ómnibus, pero critican no haber tenido participación en el diseño de las medidas. "Presenta los temas sin generar un consenso previo. Vamos detrás de su agenda", explican en el entorno de un gobernador radical. El malestar se refiere al hecho de que Milei les exige que respalden sin reservas el megaDNU y el extenso proyecto legislativo en tiempo récord y sin haberlo debatido.
En el fondo está la disputa por el financiamiento de las provincias. El Gobierno ha reducido las transferencias del Tesoro y ha ampliado el déficit fiscal de las cuentas públicas locales. Para compensar los desequilibrios, los mandatarios ofrecieron una propuesta que consistía en compartir la recaudación del Impuesto al Cheque. El proyecto elaborado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, contaba con el respaldo de todos los espacios políticos, pero fue vetado por el ministro de Economía, Luis Caputo, por considerar que ponía en peligro la meta de déficit fiscal cero establecida en su programa de ajuste.
Como contraoferta, Milei se comprometió a asumir una medida impopular: revertir los cambios que Sergio Massa impulsó en Ganancias en 2023 y que el propio Presidente votó cuando era diputado nacional. Sin embargo, posteriormente, Milei construyó una narrativa en la que fueron los gobernadores quienes le solicitaron la reversión del Impuesto, que por el momento está estancado en el Congreso. "Faltó a su palabra, nos amenaza y, encima, ahora quiere que nosotros pongamos la cara", sostienen desde Juntos por el Cambio.
En Casa Rosada niegan que sea así y que se haya cortado el diálogo con los ejecutivos provinciales. El encargado de acercar posiciones y sumar voluntades es el ministro del Interior, Guillermo Francos, actualmente señalado como responsable de la falta de acuerdos. En el entorno de Francos, destacan que organizó la cumbre en Casa Rosada en la que hubo asistencia perfecta y que mantiene contactos fluidos con todos. "Conversó el fin de semana con Rolando Figueroa (Neuquén). Se reunió con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) hace unos días, y mañana tiene un encuentro con Nacho Torres (Chubut)", enumeran. Sin embargo, todos dudan de que sea un interlocutor con poder de decisión e indican que quienes definen el rumbo son el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Caputo, quien tiene bajo su órbita las transferencias discrecionales. "Las provincias no reciben nada. Al Ministro que tiene relación política con los gobernadores le han quitado la facultad de poder disponer de los aportes del Tesoro Nacional, y creo que hay una sola provincia que se ha beneficiado, que es la provincia de Córdoba con 3 mil millones de pesos", ejemplificó Ricardo Quintela.
Simultáneamente, el Gobierno tiene otros frentes abiertos. Hay un grupo de gobernadores peronistas, liderados por Axel Kicillof, que se oponen a los cambios en Ganancias. "No sería el camino adecuado, ya que afecta los derechos de los trabajadores y por eso seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación", señalaron tras la reunión en Casa Rosada a mediados de diciembre. El mismo planteo hicieron los gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Nacho Torres, quienes ayer manifestaron un nuevo punto de conflicto. Junto a Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), rechazaron las distintas modificaciones relativas a la actividad pesquera que se incorporaron a la ley ómnibus. "Afectan gravemente a la economía nacional y al desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina", indicaron en un comunicado.
