La desprotección por un lado y la avidez de algunas empresas inmobiliarias por paliar los ingresos que no llegan a partir de la caída en las ventas de propiedades, crean un panorama que merece el diálogo y la búsqueda urgente de soluciones. Recordamos que a esta situación se llegó por diferentes acciones de política económica, también relacionada con el dólar, y el mercado de cambios desde hace algunos años, y que en la actualidad, no da señales de intentar modificar nada.
El problema es serio, tan serio, como la necesidad de alquilar una vivienda. Las limitaciones son demasiadas y están marcadas en su mayoría, por el valor económico más que elevado, que no encuentra justificación alguna, ni un formato a la fecha que permita la convivencia entre locatarios y locadores.
En tanto, se conformó la Red de vecinos en la Ciudad, propone una adecuación en los precios de los alquileres y la aplicación de un tributo a la vivienda ociosa. Durante los últimos días, se manifestaron pacíficamente frente a varias inmobiliarias, lograron hasta el momento la posibilidad de ser recibidos por los representantes de la Cámara que agrupa a los empresarios del sector.
La entidad presentó un listado de cinco puntos en la reunión:
.Eliminación de exigencia de garantía y recibos de sueldo para poder alquilar.
-El cobro de las comisiones por la operación no pueden cargarse a quien alquila.
-El inquilino debería tener prioridad a la hora de la renovación.
-La extensión del contrato debería prolongarse como mínimo por tres años.
-La indexación es considerada ilegal.
La Red estudia los próximos pasos a seguir ya que la respuesta de la Cámara fue que ellos deben velar por la continuidad de su actividad comercial.
El derecho a la vivienda es constitucional e universal, ante la falta de cumplimiento, es de esperar que quienes tienen poder de decisión y son nuestros representantes ante los diferentes poderes del estado, tomen en cuenta esta problemática que hace directamente a la vida y a la dignidad de cada ser humano.
