La reciente decisión de la jueza en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elena Liberatori, anuló el aumento de la tarifa del subte, que había sido establecido en $757 para usuarios con tarjeta SUBE registrada y $859 para quienes no la tienen. A pesar de esta resolución, el nuevo precio permanecerá vigente debido a la apelación presentada por el gobierno de Jorge Macri, quien argumentó que las apelaciones suspenden los efectos de la sentencia hasta que un nuevo tribunal se pronuncie al respecto. Así, los usuarios seguirán pagando la tarifa incrementada hasta que la Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario revise el recurso.
El amparo que llevó a este fallo fue presentado por los dirigentes de la izquierda Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Patricio del Corro, junto al sindicalista del subte Claudio Dellecarbonara. En su argumento, sostuvieron la inconstitucionalidad de la resolución 5/SBASE/24 de mayo de este año, alegando que la misma es incompatible con la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, así como con tratados internacionales y las leyes que regulan el servicio de subterráneos.
Entre las críticas al aumento, los dirigentes señalaron que el cálculo de la nueva tarifa técnica incluía gastos no justificados o que no deberían ser cubiertos por los usuarios. Ejemplos de esto fueron facturas relacionadas con estadías en el Automóvil Club Argentino y alquileres de autos de empresas que no operan en la ciudad.
La jueza Liberatori expuso varias razones para anular el aumento, destacando la "falta de reglamentación del procedimiento a seguir para el aumento de la tarifa del servicio Subte". Esta ausencia de normativa, explicó, dificulta tanto el control por parte del Poder Judicial como la capacidad de los usuarios para comprender los fundamentos de los aumentos tarifarios. Además, la magistrada argumentó que el nuevo cuadro tarifario supera los límites históricos de la relación entre tarifa del usuario y tarifa técnica, trasladando al usuario una carga excesiva que no respeta los principios de justicia y razonabilidad.
El análisis realizado por la jueza también reveló que muchos de los gastos presentados para justificar el aumento no estaban relacionados con el servicio del subte. “Resulta imposible establecer la relación clara con los costos de la operación del Servicio SUBTE, dado que la mayoría de las facturas no contienen la descripción pertinente”, afirmó.
Finalmente, Liberatori concluyó que la falta de reglamentación sobre los conceptos de "tarifa técnica" y "costo de explotación" llevó a que la determinación tarifaria por parte de SBASE, a través de la Resolución 5/SBASE/2024, careciera de fundamentos jurídicos y fácticos sólidos. De esta manera, la situación actual respecto a la tarifa del subte queda en un limbo legal hasta que se resuelva la apelación del gobierno.
