El esquema que disminuyó la tasa de embarazos en adolescentes en Argentina en casi un 50 por ciento en solo cinco años y es un ejemplo en Latinoamérica está en peligro de extinguirse. El Gobierno de Javier Milei no lo reconoce y no desea extender los acuerdos de sus 709 profesionales de equipos interdisciplinarios cuyos contratos caducan la próxima semana: son 112 que laboran en el ámbito nacional en ESI en los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente y 597 en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y en la provincia de Buenos Aires. No es un programa costoso. Prevenir cada embarazo no planeado en adolescentes le cuesta al Estado apenas unos 60 dólares al año.
El Plan ENIA, denominado así, que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y se amplió en el mandato de Alberto Fernández, puede ahorrar el 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos relacionados con la atención de un embarazo y el parto en chicas de 10 a 19 años, y las contribuciones que el Estado pierde porque estas mujeres, según el estudio Milena realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), terminan en menor proporción la escuela secundaria y tienen más probabilidades de estar desempleadas en la edad adulta en comparación con aquellas que no tienen hijos a edades tempranas. "También está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los factores más significativos en la reproducción intergeneracional de la pobreza", destacó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, en conversación con Página/12.
El Plan de Prevención del Embarazo No Planeado en la Adolescencia (Plan ENIA) fue concebido en 2017 por iniciativa del Gobierno Nacional para abordar el problema de manera integral. Se puso en marcha en 2018. Para entender su impacto, aquí van algunas estadísticas oficiales:
En 2019, 69,803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1,938 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija. En ese momento, 7 de cada 10 embarazos entre 15 y 19 años no eran deseados o planificados; y entre las menores de 15 años, esta proporción alcanzaba a 8 de cada 10 embarazos.
Entre 2018 y 2021, que son los datos más recientes disponibles, se logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año sobre el total de adolescentes) del 49 al 27 por ciento. Es decir, solo el 27 por ciento de las chicas de 10 a 19 años se convirtieron en madres, lo que representa una disminución de casi el 50 por ciento en tres años.
Además, en 2021, solo el 8,8 por ciento de las niñas de 10 a 14 años fueron madres, lo que implicó una reducción del 43 por ciento en comparación con casos en esa franja de edad, donde la mayoría de los embarazos, se presume, son producto de situaciones de abuso o coerción sexual o violación, lo que hace aún más compleja su prevención.
Las últimas cifras disponibles muestran que en 2021, 46,236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1,394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija. Es decir, hubo 23,567 chicas menos de 15 a 19 años que se convirtieron en madres y algo más de medio millar menos entre las más jóvenes.
¿En qué consiste el Plan ENIA?
La clave es que ofrece a las adolescentes de sectores vulnerables asesoramiento en anticoncepción, donde tienen la opción de optar por métodos de larga duración como el implante subdérmico, lo que les permite completar la educación secundaria sin enfrentar un embarazo no planeado. Además, el Plan incluye el fortalecimiento de la educación sexual integral en escuelas y espacios comunitarios, explicó a este diario Valeria Isla, ex directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Todo esto se realiza con un presupuesto de 2300 millones de pesos al año. "Hoy en día, el Plan ENIA es un modelo en América Latina por sus resultados en un período muy corto", destacó Isla.
Pero su continuidad está en peligro si no se renuevan los contratos de los setecientos profesionales que conforman los equipos interdisciplinarios que trabajan principalmente en escuelas, centros de salud y comunidades en las 12 provincias, que fueron priorizadas debido a la magnitud del problema y la capacidad de impacto del programa.
Hasta ahora, esta política intersectorial ha sido llevada a cabo por los Ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación; los dos últimos fueron absorbidos por la mega cartera de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Nación colaboraba con las provincias.
"La principal inversión del Plan es en recursos humanos profesionales que son los que brindan servicios educativos y de salud a la población adolescente, basados en intervenciones probadas y en suministros de salud sexual y reproductiva", señaló Ramos. El Plan cuenta con un consejo asesor compuesto por 25 organizaciones de la sociedad civil, 6 expertas y organismos del sistema de Naciones Unidas. UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han colaborado desde el principio y continúan haciéndolo junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En agosto de 2023, se firmaron acuerdos de adhesión con el resto de las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires para su implementación. Todo este trabajo puede desaparecer en una semana.
