Hoy se ratificó la disminución del Ministerio de las Mujeres. A través de su publicación en el Boletín Oficial, se oficializa el nuevo nombre: a partir de ahora, se llamará Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dependiendo del Ministerio de Capital Humano.
La transición en esta cartera, que fue objeto de críticas por parte del ultraderechista Javier Milei durante su campaña, avanza a un ritmo más lento que en otros ministerios. Aún no se conocen las autoridades responsables ni el destino de sus áreas. Tampoco se ha esclarecido cómo se llevarán a cabo sus programas considerando el recorte presupuestario que conlleva su degradación.
Además, hoy se presenta la Ley ómnibus, un paquete normativo que busca ajustar el Estado, declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por dos años. Esta legislación, enviada al Congreso por el Presidente, genera preocupaciones adicionales en materia de políticas de género. Una de ellas es la modificación de la Ley Micaela, y otra es la inclusión de la figura del "niño por nacer" como sujeto de derechos.
Una transición gradual
Lo que queda del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ahora estará bajo la supervisión de Sandra Pettovello, exvicedirectora de la UCD y licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, quien lidera las áreas más sensibles del Gobierno, aunque en una escala reducida. La degradación del ministerio a secretaría, con la consiguiente reducción presupuestaria, fue confirmada la semana pasada y se oficializó con el decreto 86/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
A principios de la semana pasada, aproximadamente diez días después de la asunción de Javier Milei, tuvo lugar la primera reunión para organizar la transición entre representantes del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano. Desde la Junta Interna de ATE, que sigue de cerca la transición en representación de los trabajadores, confirmaron que, según lo acordado entre las autoridades salientes y las nuevas, la intención de la nueva gestión es "mantener las áreas tal como están, por el momento". En estos intercambios, la buena noticia, en el contexto actual, fue que las nuevas autoridades prometieron renovar los contratos de las trabajadoras por tres meses.
Modificación de la Ley Micaela
Aunque aún no se conoce el destino de los programas y políticas, todo indica que el enfoque de trabajo no se alejará de la perspectiva antiderechos que generalmente refleja La Libertad Avanza como espacio político. Un ejemplo ilustrativo en este sentido es la capacitación establecida por la Ley Micaela. Una de las responsabilidades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era implementar las capacitaciones de esta ley. Hoy, dentro del paquete de leyes de ajuste que Javier Milei envió al Congreso, se propone modificar dicha norma.
La Ley Micaela, promulgada en 2009, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recibe su nombre en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años y militante del Movimiento Evita, víctima de femicidio a manos de Sebastián Wagner.
La propuesta de modificación limitaría su alcance, estableciendo que "Se establece la capacitación obligatoria en la temática de violencia familiar y contra la mujer para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia". De esta manera, se desarticula la función central de una ley que tenía como objetivo concienciar sobre la violencia machista a los funcionarios de los tres poderes que están alejados del tema.
Nomenclaturas antiderechos
Otra propuesta de la Ley ómnibus que implica retrocesos en políticas de género tiene que ver con la modificación de la Ley Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia.
"La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años", establece el texto, que incorpora la figura del "hijo por nacer" como sujeto de derechos y cambia la denominación "persona gestante", utilizada para incluir a los varones trans, por "mujer embarazada".
Además, todo el texto de la Ley ómnibus, incluida la modificación de la Ley Micaela, establece una diferencia conceptual significativa: prioriza la expresión "violencia familiar y contra la mujer" sobre el concepto de "violencia de género". Esta diferencia política y de abordaje no solo difumina la diversidad, sino que también retrocede décadas en la concepción de la violencia machista. Hablar de "violencia de género" implica que esta puede ocurrir en diversos ámbitos (laboral, público, mediático), no solo en el ámbito doméstico. Además, es una forma de encubrir la posibilidad de que se produzca sobre la base de desigualdades estructurales.
